Durante largos años,  la capacidad de crear, modificar o abrogar leyes era facultad exclusiva del Poder Legislativo. Al menos eso rezaba la teoría, y así lo defendían a voz en cuello los seguidores de Montesquieu y su espíritu de las leyes.

Nuestro democrático país suscribía fervorosamente el principio de la separación de poderes. Quien con mayor devoción proclamaba el respeto a los senadores y diputados era ¡por supuesto! el Señor Presidente de la República, aquel personaje cuyo omnímodo poder le permitía nombrar presidentes municipales, diputados locales, gobernadores, diputados federales, senadores y, cumplidos los tiempos y las formas, al próximo Primer Mandatario. De acuerdo: a los presidentes municipales y a los diputados locales solía designarlos el Señor Gobernador… porque graciosamente el Señor Presidente de la República –quizá por mera comodidad- le había delegado las necesarias facultades.

Si a la historia del México independiente nos remitimos, hasta los años 70’s del Siglo XX el Primer Magistrado de la Nación hacía suya la postura de cierto Luis de Borbón: podía decir tranquilamente “L’état c’est moi”. No lo decía exactamente con estas palabras solamente porque no hablaba francés…

Eso sí: señalaba la Constitución General de la República, y consecuentemente las Constituciones de los Estados Libres y Soberanos, que la facultad de presentar iniciativas de ley correspondía en exclusiva a los titulares del Poder Ejecutivo y a los señores legisladores. ¿Y el pueblo? Bueno, el pueblo era sólo un concepto, o el pretexto para que los políticos tuvieran por quien sacrificarse.

En la práctica, una que vez que los respectivos Congresos –el de la Unión o los estatales- recibían la iniciativa en turno, se dedicaban diligentemente a estudiarla, modificarla y aprobarla. Y la modificaban porque el Señor Presidente de la República –o el Señor Gobernador- les permitían cambiarle hasta trece comas, nueve puntos y aparte, y siete adjetivos… Lo demás, es decir la voluntad del titular del Poder Ejecutivo, era inmodificable.

Hemos de reconocer que los tiempos han cambiado. Ahora el Presidente de la República o el Gobernador ya no son el supremo legislador: ahora esa función la desempeñan quienes ejercen el control político en las respectivas fracciones mayoritarias. Y hasta hay hasta espacio para tomar en consideración iniciativas ciudadanas.

Otra vez en teoría, la nueva situación no es mala. Ya en las vías de hecho, esta posibilidad es aprovechada por los diferentes grupos de presión, y por diversas organizaciones no gubernamentales, cuyos dirigentes se declaran apolíticos y lo que hacen es convertirse en sanguijuelas profesionales dedicados a hacer política populista en defensa de oscuros cuando no aviesos intereses.

Sin embargo, no me desagrada esa capacidad de presentar iniciativas de ley. A veces yo mismo me veo tentado a formular mis propias iniciativas. Que sean planteamientos absurdos es algo que poco importa. ¿Recuerdan ustedes a aquel ilustre regidor –por piedad prefiero no mencionar su nombre- que propuso legislar para prohibir esas nocivas e incómodas inversiones térmicas? ¿O no era regidor, sino diputado?

Mi primera iniciativa de ley sería prohibir los consejos de las húngaras. Conste que no refiero a las mujeres de nacionalidad húngara, ellas merecen todo mi respeto. Quiero aludir a la expresión popular que reza: “Lo engañaron las húngaras…”

Es que estas húngaras propician cada cosa… Mire usted, por razones de espacio mencionaré apenas tres o cuatro ejemplos: a Luis Miguel las húngaras lo han hecho creer que canta. A Alberto Cárdenas Jiménez le metieron en la cabeza la idea de que podía ser candidato a Presidente de la República. Y vaya que las húngaras son persistentes: ya están haciendo lo mismo  con Emilio González Márquez. ¡Ya volvieron a las andadas! Y según sospecho hay otras húngaras rondando a Aristóteles Sandoval…

Confieso que ya metido en estas danzas, una segunda iniciativa sería prohibir la existencia de senadores, diputados y regidores.

¡No, espérenme! No hice bien al expresarlo así. Debí decir que es necesario legislar para acabar con senadores, diputados y regidores de partido, de representación proporcional, plurinominales, o como quiera que se les llame. Es absurdo, es imperdonable pagar con nuestros impuestos los elevadísimos salarios y prestaciones de 32 senadores, doscientos diputados federales, cientos de diputados locales y millares de regidores.

Díganme ustedes: ¿para qué queremos aquí en Jalisco a veinte diputados plurinominales? ¿A quién representan realmente?

La verdad es que un partido que no triunfa en los diversos distritos o municipios no merece contar con representantes en los Congresos o en los Cabildos. Un candidato que no gana en su respectiva circunscripción territorial no es digno de ocupar una curul. La representación proporcional fue un recurso empleado por el partido del carro completo para presumir en el extranjero que había democracia en México. ¿Acaso seguimos con el carro completo, como para mantener esa situación?